Informe de corrupción realizado por 14 estudios de abogados del continente revela deterioro en indicadores de Chile

El estudio jurídico norteamericano Miller & Chevalier, junto a Carey y otras 12 firmas latinoamericanas publicaron recientemente los resultados de su Encuesta de Corrupción en Latinoamérica 2020, en los que se detalla el incremento en diversos índices de percepción en esta materia, tanto en Chile, como en la región.

Los datos recopilados sugieren que el riesgo de corrupción es mayor que en años anteriores. Así, el 54% de los ejecutivos y fiscales de empresas entrevistados para este fin, afirma que la corrupción es un obstáculo importante para hacer negocios.

Al hacer un zoom a la situación de cada país, se ratifica que Estados Unidos, Chile y Uruguay siguen siendo clasificados como los países menos corruptos de la región. Sin embargo, dice el informe, la percepción positiva de estas naciones ha disminuido en los últimos cuatro años. “En cada uno de estos tres países se registró un descenso de más del 5% entre los encuestados que afirmaron que la corrupción no era un obstáculo significativo al momento de hacer negocios”, señala el documento.

En Chile, particularmente se evidencia una ruptura de la posición histórica que tenía el país como una nación con bajo riesgo de corrupción. En las encuestas anteriores de los años 2008, 2012 y 2016, los encuestados clasificaron al país como uno de los más limpios de la región, pero en este último estudio, su clasificación disminuyó de manera importante. Casi la mitad (49%) de los encuestados afirma que la corrupción en Chile es un “obstáculo significativo”, un importante aumento desde el 27% del año 2012.

“Aunque es una buena noticia que Chile siga apareciendo como un país con bajos niveles de corrupción, pero hay atisbos de que esa percepción puede empeorar”, señala Ricardo Reveco, socio de Carey y uno de los líderes del grupo de Compliance y Anti-Corrupción del estudio.

Los resultados sugieren que los responsables de la caída del país son justamente instituciones del Estado. En 2016, los encuestados indicaron una corrupción “significativa” en el Poder Legislativo, aumentando del 29% al 35%; en el Poder Judicial del 9% al 27%; y en Aduanas del 8% al 22%.

De esta forma, mientras que el 77% de los encuestados encontraban en 2016 que había un nivel de "corrupción mínima o ninguna corrupción" en la policía, sólo el 8% lo hizo en 2020. Es decir, hoy hay menos gente que cree que en la policía hay bajos niveles de corrupción. El informe señala que estos descensos en la clasificación probablemente se deben a varios escándalos de corrupción que han ocurrido en el país durante los últimos años, tales como el “Pacogate”, en que más de 100 miembros de Carabineros en un esquema para malversar millones de dólares de las arcas fiscales.

La situación de la región

Entre los hallazgos claves a nivel regional, señala el reporte, sólo el 45% de los encuestados cree que es probable que los infractores de leyes anticorrupción sean enjuiciados, en comparación con el 66% en 2008. La gran mayoría de los encuestados piensa que las leyes anticorrupción de su país “no son efectivas”, o sólo “son efectivas en pequeña medida”.  De las economías de tamaño medio (US$ 100-500 mil millones de PIB), se considera que Venezuela, Guatemala y Ecuador tienen los niveles más altos de corrupción (más del 50% dice que la corrupción es un obstáculo significativo). De las economías más pequeñas (con un PIB inferior a USD100 mil millones), Nicaragua, Bolivia y Honduras se consideran las más corruptas.

Pese a lo anterior, las reformas a las leyes locales de anticorrupción generan optimismo. En los últimos 10 años, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, han modificado sus leyes en esta materia para facilitar los juicios y establecer requisitos o créditos de mitigación para los programas de compliance y anticorrupción de las empresas.

Desde el mundo privado, las grandes empresas de la región también se están poniendo al día con la implementación de programas de compliance de anticorrupción, incluidos los que van más allá de las políticas y capacitaciones básicas. Por ejemplo, señala el documento, un 57% de los encuestados informó que sus empresas contrataron personal de compliance de tiempo completo y un 70% de los encuestados informó que sus empresas realizan auditorías y evaluaciones anticorrupción.

El reporte

La investigación, que se realizó entre enero y febrero de este año, abordó varios aspectos de la corrupción en Latinoamérica, incluyendo niveles, alcance y consecuencias, enjuiciamiento de infractores, la efectividad de las leyes anticorrupción en cada país, y cómo las empresas perciben, enfrentan y combaten la corrupción, entro otros.

Para medir los niveles de corrupción para este informe se utilizaron tres parámetros: corrupción mínima o inexistente, corrupción moderada y corrupción significativa.

Un total de 946 representantes de empresas locales/regionales, multinacionales cerradas o abiertas en bolsa, respondieron la encuesta, la cual fue realizada por los estudios Miller & Chevalier (en EE.UU.), Carey (en Chile), BLP (en Costa Rica), Brigard & Urrutia Abogados (en Colombia), Beccar Varela (en Argentina), Demarest Advogados (en Brasil), FERRERE Abogados (en Bolivia, Ecuador, Paraguay, y Uruguay), García & Bodán (en El Salvador, Costa Rica, Honduras, y Nicaragua), Headrick Rizik Alvarez & Fernández (en República Dominicana), Hoet Pelaez Castillo & Duque (en Venezuela), LOVILL (en Panamá), Orihuela Abogados (en Perú), Paz Horowitz Abogados (en Ecuador), QIL+4 Abogados (en Guatemala), y Von Wobeser y Sierra (en México), entre sus respetivas bases de clientes. El estudio se realiza desde el año 2008, cada cuatro años.